PUERTO RICO.- El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, envió este martes a la Legislatura un proyecto de ley para extender el derecho al voto a los extranjeros domiciliados en la isla, aunque no cuenten con autorización oficial para residir en el Estado Libre Asociado.

El Ejecutivo informó hoy a través de un comunicado que se trata de una medida prevista bajo el ordenamiento jurídico federal al que está sometido Puerto Rico, que reconoce que los estados pueden legislar para permitirle a los extranjeros votar en elecciones estatales, independientemente de su estatus migratorio.

La medida, según el comunicado, pretende enmendar el código electoral ante los principios de igualdad garantizados por la Constitución de Puerto Rico.

El anteproyecto propone los mecanismos necesarios para que toda persona extranjera domiciliada en Puerto Rico, que demuestre intención de permanecer en el territorio y que para la fecha de las elecciones haya cumplido los 18 años de edad, pueda votar en la papeleta estatal, la papeleta legislativa y la papeleta municipal, aunque no sea ciudadana de Estados Unidos.

El comunicado matiza que existe una exigencia federal que establece que las personas que no son estadounidenses no pueden votar por el candidato a comisionado residente (representante de Puerto Rico, sin voto, en la Cámara de Representantes de EE.UU.), por ser un puesto federal.

Para cumplir con esta exigencia, la medida provee que la tarjeta electoral indique que la persona no puede votar por el comisionado residente y también crea una papeleta especial para personas extranjeras que solo contendrá los candidatos a la Gobernación.

El comunicado señala que el gobernador ha determinado eliminar toda forma de discriminación en virtud de los derechos de igualdad y la dignidad individual a través de esta medida, que de ser aprobada en la Legislatura entraría en vigor de forma inmediata.

Por otro lado, también se envió hoy a la Legislatura un anteproyecto para enmendar la Ley de Ética Gubernamental para establecer que ningún funcionario electo, de la Rama Ejecutiva, Legislativa o de los municipios, pueda intervenir indebidamente en el desempeño de las funciones de los funcionarios de las corporaciones públicas.

Con este anteproyecto se busca erradicar la práctica de reclutar personal a base de consideraciones personales cuando el criterio rector debe ser la capacidad profesional del candidato, justifica el comunicado.

También busca prohibir la intervención indebida en el desempeño de las funciones o toma de decisiones de los funcionarios de las corporaciones públicas.